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CARTEL DE NOTIFICACIÓN - DESTITUCIÓN NORMA SALAZAR COBOS PDF Imprimir Email
Escrito por Roger Herrera   
Jueves, 11 de Junio de 2009 20:13
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

 
Quien suscribe, ISMENIA ANGELICA PACHECO HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-7.121.794, en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, designada mediante Decreto Nº 5.848, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.862, de fecha 31 de enero de 2008, y en ejercicio de la facultad conferida en el ordinal 9 del Artículo 73 de la Ley de Servicios Sociales, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.270 de 12 de septiembre de 2005, con ocasión al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE DESTITUCIÓN, incoado en contra de la funcionaria NORMA SALAZAR COBOS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.226.454, de conformidad con la DECISIÓN adoptada por esta Máxima Autoridad, y atendiendo a la manifestación y consignación hecha por el Mensajero de esta Presidencia ciudadano Alirio Rosales, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.435.814, en virtud de haberse agotado los medios para la notificación personal, según lo dispone el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en la parte in fine del numeral 3 artículo 89 y 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho procede a publicar el siguiente Cartel: A la ciudadana NORMA SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº 6.226.454, se le NOTIFICA que por PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº PRE/0006/09 de 25 de mayo de 2009, esta Máxima Autoridad Jerárquica actuando dentro del marco de su competencia, emitió el Acto Administrativo que a continuación se extrae:

“PROVIDENCIA Nº 0006/09
CARACAS,  25   DE  MAYO      DE  2009
199° y 150°

Quien suscribe, ISMENIA ANGELICA PACHECO HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 7.121.794, procediendo en mi carácter de PRESIDENTA del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, carácter que consta en Decreto Presidencial nº 5.848, de fecha 31 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.862 de fecha 31 de enero de 2008, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 5 numeral 5 y el artículo 89 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 73 numeral 9 de la Ley de Servicios Sociales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.270 de fecha 12 de septiembre de 2005, siendo la oportunidad para decidir el Procedimiento Disciplinario seguido a la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.226.454, dicta la siguiente:
 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
I
DE LOS HECHOS

    Cursa al folio 01, Memorando de fecha 02 de marzo de 2009, mediante el cual la ciudadana Maria Enma Fonseca, Directora de Unidad Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, adscrita al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), solicitó a la Gerente de Recursos Humanos de este Instituto, la apertura de la averiguación administrativa disciplinaria contra la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.058.031, dirigida a comprobar los hechos relacionados con las inasistencias injustificadas durante los días que allí se especifican, que originarían para la infractora la aplicación de la sanción de destitución.
    Con dicho Memorando se consignaron adjuntos, en copias certificadas, los controles de asistencias llevados por la Dependencia: Suministro de Medicamentos, los cuales rielan de los folios  02 al  136, ambos inclusive.
    Cursa al folio 137, Auto de Apertura del Procedimiento Disciplinario de fecha 3 de marzo de 2009,  contra la funcionaria NORMA SALAZAR COBOS, quien se desempeña como Asistente de Farmacia I, emanado del Gerencia de Recursos Humanos, mediante el cual se ordena el inicio de la Averiguación Administrativa, la formación del expediente respectivo y la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de las faltas cometidas y las circunstancias que puedan influir en su calificación.
         Igualmente al folio 138 cursa, oficio suscrito por la Gerente de Recursos Humanos en la cual se convoca a la ciudadana JOSEFINA RIOS, para que comparezca a la Asesoría Legal de la Gerencia de Recursos Humanos el día 10 de marzo de 2009  a las 9:30 a.m.
          Riela al folio 139 , acta de fecha 10 de marzo de 2009, que recoge la declaración de la ciudadana Josefina Ríos, Licenciada en Recursos Humanos, C. de Identidad Nº 6.321.964, quien se desempeña como Jefa de Personal en la Unidad Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, adscrita al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS).
    Cursa al folio 140  , Auto  de fecha 24 de marzo de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos en el cual se ordena notificar a la funcionaria investigada, de la Apertura de la Averiguación Administrativa Disciplinaria relacionada con las inasistencias injustificadas al trabajo en los días que allí se señalan, correspondientes a los meses  de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero y la primera quincena del mes de febrero de 2009, ya que la referida funcionaria debió incorporarse a sus labores de Asistente de Farmacia I, adscrita a la Unidad  Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”,  por cuanto fue declarada INELEGIBLE en el cargo que ocupa en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional  de Trabajadores del Instituto Nacional de los Servicios Sociales (en adelante SINTRADELI), según Gaceta Electoral Nº 404 de fecha 30 de Noviembre de 2007, Resolución Nº 071002-2774, notificación que se ordena a objeto de que la funcionaria objeto de la averiguación tenga acceso al expediente y ejerza cuanto estime pertinente a su defensa.
    Aparece inserta al folio 141, comunicación por la que se comisiona a los (as) ciudadanos (as) JONATHAN CARRERO, C. de I. Nº 15.838.819 (Jefe de la División de Relaciones con los Trabajadores (E), EGLIN LOPEZ, C. de I. Nº 16.374.055 (Abogada) y KATIUSKA MEDINA, C. de I. Nº 11.444.986 (Secretaria I), adscritos (as) a la Gerencia de Recursos Humanos, para entregar de forma personal la Notificación Nº GRH/430/2009 a la ciudadana NORMA SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.058.031 en la dirección siguiente: Conjunto Residencial Ocutuy, Edificio 9, piso 3, Apartamento 38, Urbanización Ocumare del Tuy, Estado Miranda.
    Cursa al folio 142, Acta de fecha 26 de marzo de 2009,  levantada por los funcionarios (as) comisionados (as)  para practicar la notificación del funcionario investigado dejando constancia que a las 10 y 40 minutos de la mañana,  se trasladaron a la dirección que aparece en el expediente personal de la funcionaria  NORMA SALAZAR en el Conjunto Residencial OCUTUY, Edificio 9, piso 3, Apartamento 38, Urbanización Ocumare del Tuy, Estado Miranda,  haciéndose impracticable la misma, pues el referido  Conjunto Residencial no pudo ser ubicado y preguntados algunos ciudadanos habitantes de dicha ciudad, manifestaron no tener conocimiento de la existencia de un Conjunto Residencial con ese nombre. Consignan la notificación en dos folios numerados  143 y 144.
         Riela al folio 145, comunicación recibida en fecha 06 de abril de 2009, a las 11:50 a.m., donde la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, solicita copia certificada del expediente administrativo.
         Riela al folio 146, AUTO, de fecha 6 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, por el cual se ordena expedir  las copias certificadas solicitadas por la investigada.
    Riela al folio 147, AUTO de fecha 07 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, por el cual se deja constancia del Cartel de Notificación, publicado en el Diario Últimas Noticias el 30 de marzo de 2009, en razón de lo cual a partir del 7 de abril de 2009, se tendrá por notificada a la funcionaria y al quinto (5º) día hábil siguiente le serán formulados los cargos a que hubiere lugar.
    Aparece inserto al folio 148, ejemplar del Cartel de Notificación.
    Riela al folio 149, AUTO de fecha 8 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, en el cual se declara no hábil con respecto a los lapsos que están transcurriendo en el procedimiento disciplinario a que se contraen estas actuaciones.
         Cursa al folio 150, diligencia suscrita por el Dr. Gustavo Villanueva, I.P.S.A Nº  77.014, por la cual consigna en  cuatro folios útiles poder autenticado que acredita la representación de la funcionaria investigada.
    Riela al folio 155, comunicación numerada GRH/518/2009, de fecha 14 de abril de 2009, suscrita por la Gerente de Recursos Humanos y dirigida a la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS por la cual se le hace entrega de las copias certificadas solicitadas.
    Riela al folio 156, AUTO DE FORMULACION DE CARGOS, fechado 17 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos en el cual se señala que los hechos imputados a la funcionaria  NORMA SALAZAR COBOS ,quien se desempeña como Asistente de Farmacia I, adscrita Unidad  Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, (inasistencia a cumplir con sus labores en los días que allí se señalan), configuran la causal de destitución de “Abandono  injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos” contemplada en el numeral 9º del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
    Riela al folio 157, Auto de fecha 24 de abril de 2009 por el cual la Gerente de Recursos Humanos ordena agregar a los autos el escrito de descargo presentado por el  apoderado de la funcionaria investigada NORMA SALAZAR COBOS.
    Cursa a los  folio 158 y 159  el escrito de descargo consignado.
    Riela al folios 160, auto de 27 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, en el cual se ordena la apertura del lapso de promoción y evacuación de pruebas  de conformidad con el art. 89 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
    Riela al folio 161,162 y 163 escrito de promoción de pruebas recibido el 4 de mayo de 2009, con sus anexos que cursan a los folios 164 al 330.
          Cursa al folio 331 Auto suscrito por la Gerente de Recursos Humanos que  ordena agregar a los autos las pruebas promovidas en cinco (5) folios útiles y sus anexos que rielan a los 164 al 330. Seguidamente la sustanciadora admite las pruebas instrumentales, en copias certificadas, consistentes en controles de asistencia diaria, correspondientes a los meses de Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009. Se inadmiten las testimoniales solicitadas por haber sido promovidas en el último día del lapso y no da tiempo para fijar su declaración al tercer  día hábil siguiente a la admisión de la prueba según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 483, como norma supletoria.
    Riela al folio 332, Auto de fecha 05 de mayo de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, Dra. Milagros Rivero, donde deja constancia del vencimiento del lapso previsto en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en razón de lo cual procede a cerrar el expediente y ordena remitir el mismo a la Gerencia de Consultoria Jurídica, a los fines de que ese Despacho emita su opinión sobre la procedencia o improcedencia de la destitución de la  funcionaria  NORMA SALAZAR, titular de la cédula de Identidad Nº 6.226.454, de conformidad con el numeral 7 del artículo 89 del mismo texto legal  citado.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

     Del análisis del expediente administrativo, se puede verificar que la Administración respetó y garantizó en todo momento el derecho a la defensa y al debido proceso de la funcionaria investigada, cumpliéndose plenamente con el procedimiento legal previsto para la determinación de la responsabilidad disciplinaria de la encausada, en virtud de haber tenido las oportunidades legales correspondientes para desvirtuar los cargos que le fueron formulados, así como para promover y evacuar las pruebas que estimó le favorecían.
     Así, la Gerencia de Recursos Humanos como órgano instructor, ordenó las respectivas notificaciones de Ley, agotando primeramente como en Derecho corresponde, la notificación personal, la cual resultó infructuosa en un primer momento,  por cuanto la funcionaria investigada, ni se presentó en su puesto de trabajo, ni ha tenido ningún tipo de comunicación con la Unidad Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, hasta el momento, así como tampoco pudo ser ubicada en el lugar de su residencia,  es decir, la que aparece en su expediente personal, en razón de lo cual la notificación debió verificarse mediante Cartel  de Notificación publicado en un diario de mayor circulación nacional (Ultimas Noticias), el 30 de marzo de 2009, según consta del expediente disciplinario, Cartel que permitió  comunicar a la funcionaria encausada del inicio de la averiguación disciplinaria en su contra, del acceso al expediente, de la apertura del lapso para presentar su respectivo escrito de descargos, así como del lapso para promover y evacuar las pruebas que estimara procedentes para el mejor ejercicio de su defensa, a fin de que tuviera suficiente oportunidad legal para consignar los elementos probatorios, todo ello con el propósito de cumplir cabalmente el procedimiento establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y también en aras de garantizarle a la investigada el ejercicio de todos los derechos inherentes a los procedimientos sancionatorios en general.
      En tal sentido, corresponde a quien decide, proceder a analizar y valorar las instrumentales que cursan en autos en los siguientes términos:
UNICO: Respecto de la causal de destitución distinguida como “Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos”:
      De las documentales (control de asistencia) cursantes a  los folios  02 al  136, ambos inclusive, se desprende que durante los días hábiles entre 01 de septiembre de 2008 hasta el 18 de  febrero de 2009, la  ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, titular de la  Cédula de Identidad Nº 6.058.031, quien se desempeña como Asistente de Farmacia I, Adscrita a la Unidad  Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, inasistió a sus labores diarias, motivo por el cual  la Directora de la mencionada Unidad Gerontológica, ciudadana MARIA ENMA FONSECA, su superior inmediato, solicitó a la Gerencia de Recursos Humanos de este Instituto, la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de la  mencionada ciudadana, dado que las referidas   inasistencias, constituyen una falta grave  a las reglas del servicio, tal como lo señala el Auto de Apertura que cursa al folio 137.
    De la documentación in comento, se infiere, que la  ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, se encuentra presuntamente incursa en la causal de destitución establecida en el artículo 86, numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, como lo señala la Gerente de Recursos Humanos en el Auto de Apertura de la Averiguación Administrativa Disciplinaria de fecha 24 de marzo de 2009 y ordena igualmente practicar su notificación a objeto de que comparezca, se le de acceso al expediente y ejerza cuanto estime pertinente a su defensa a objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. No habiendo sido posible la notificación personal de la encausada en el domicilio que  aparece acreditado en su expediente, como se hizo constar en acta de 26 de marzo de 2009, por los comisionados encargados de la práctica de la notificación, la cual riela al folio 142, se hizo necesario practicar la citación por Cartel,  de cuya publicación se deja constancia  a los folios 147 y 148, en  AUTO de fecha 7 de abril de 2009, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos, y el ejemplar del cartel que fue  publicado en el Diario Últimas Noticias el 30 de marzo de 2009, en razón de lo cual a partir del 7 de abril de 2009 se tuvo por notificada a la funcionaria y en atención al procedimiento establecido al quinto (5º) día hábil siguiente le fueron formulados los cargos.
    En efecto, siendo la oportunidad de Ley, por Auto de  fecha 17 de abril de 2009 (folio 156), consta la formulación de cargos contra la funcionaria NORMA SALAZAR COBOS, plenamente identificada en autos, según el cual analizados los recaudos existentes en autos, la Gerencia de Recursos Humanos considera que los hechos imputados a la  mencionada  funcionaria configuran la causal de destitución por “ABANDONO INJUSTIFICADO AL TRABAJO DURANTE TRES DIAS HÁBILES DENTRO DEL LAPSO DE TREIN DIAS CONTINUOS”, a que se contrae el numeral 9 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dado que inasistió a sus labores los días 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de agosto; 1, 2,  12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,  15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, y 31 de octubre; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2008; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de enero de 2009, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10,11,12,13,16,17 y 18 de febrero 2009, sin presentar ningún justificativo para ello. Formulados los cargos y conforme la disposición contenida en el artículo 89, numeral 4º de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se abrió el lapso de cinco (5) días hábiles, para que la funcionaria NORMA SALAZAR COBOS O SU APODERADO, consignara su escrito de descargo.
           Respecto al alegato de que no consta en autos, instrumento alguno que acredite la decisión por la cual “ … fui DECLARADA INELEGIBLE…”, (declaratoria de inelegibilidad que la misma encausada reconoce que ocurrió en su escrito de descargo) debe observarse que la GACETA ELECTORAL es el instrumento de Publicidad Oficial del Poder Electoral y que todos los actos que dicho Poder ordena publicitar en dicha Gaceta, a objeto de darles publicidad o sea hacerlo del conocimiento de los interesados y del público en General, a partir de la fecha en que son publicados tienen fecha cierta y son oponibles a todos los ciudadanos, sin necesidad de notificación a los interesados.
Por consiguiente, la  Gaceta Electoral de la República, es el órgano oficial del Consejo Nacional Electoral, creada de conformidad con el artículo 275 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en la cual “... se publicará sus resoluciones así como de las de los organismos electorales subalternos, los listados de Registro Electoral, los resultados electorales de cada elección o referendo, los actos susceptibles de ser publicados conforme a esta Ley y al Reglamento General Electoral, y los demás que disponga el Consejo Nacional Electoral”.
En este orden de ideas, el artículo 233 de la referida Ley señala que: “En los aspectos no regulados en este capítulo se aplicaran las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”, teniendo en cuenta que, a tal efecto,  el artículo 72 de este último texto legal preceptúa que “Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que toma la decisión. Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la administración. También serán publicados en igual forma los actos  administrativos de carácter particular cuando así lo exija la ley” (Negrillas Propias), que no es otro que la Gaceta Electoral en el caso del Poder Electoral.
Ahora bien, el acto del Consejo Nacional Electoral, mediante el fueron declarados INELEGIBLES CINCO MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE SINTRADELI (Presidente, Secretario General, Tesorera y dos Secretarios Ejecutivos) Y DECLARADOS VACANTES LOS CARGOS QUE DESEMPEÑABAN no es un simple acto de carácter particular e individual, que interese sólo a una persona, porque si bien es cierto es un acto  de  carácter  particular,  éste  interesa  a  un  número  indeterminado de personas,  siendo  importante  destacar  que,  además  de  los  actos de carácter general, es a este tipo de acto a que hace referencia el texto legal antes señalado como actos que deben ser publicados oficialmente; en consecuencia, dicho acto fue publicado en la GACETA OFICIAL que le corresponda -en este caso, en la Gaceta Electoral- por mandato expreso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que rige supletoriamente en materia electoral. Adquiere entonces, el acto publicitado, la condición de HECHO PUBLICO, tal como se estableció en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15/03/2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, Caso Silva Hernández vs. Tribunal Instructor de la Corte Marcial (Exp. Nº 00-0146), que define el  hecho público como aquel  que surge de actos del Poder Público, que al ser publicitados en la Gaceta Electoral gozan del conocimiento del colectivo y producen sus respectivos efectos jurídicos a partir de la fecha de la Gaceta Electoral de que se trate.
De lo expuesto se evidencia que la declaratoria de inelegibilidad  de su persona como la vacante del cargo de TESORERA, contenidos en la Resolución Nº 071002-2774, publicada en Gaceta Electoral Nº 404 de fecha 30 de noviembre de 2007, motivado al hecho de que rindieron cuentas de su gestión en forma extemporánea, es un hecho  cierto, amparado por la certeza jurídica que tienen los actos emanados de un Poder Público, publicitado en la forma de Ley, cuyo efecto inmediato es hacerle perder la condición de directivo sindical y con ellos todos los privilegios y beneficios que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a los integrantes de un Sindicato, entre ellos la licencia sindical. Debe tenerse presente que la Licencia Sindical es una especie de las establecidas en el artículo 49 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, por medio de la cual la Administración Pública autoriza a los funcionarios que se encuentren en este supuesto para no concurrir a sus labores por causa justificada y por un tiempo determinado, que se considera para todos los efectos como “servicios prestados ininterrumpidamente”, que le permite separarse del cargo para ejercer las actividades  sindicales  a  tiempo  completo  y  al no  estar amparada por esa licencia, no constituye ninguna valoración  o apreciación por parte de la Administración, se trata de un hecho concreto que consiste en que la funcionaria encausada, fraudulentamente continuó haciéndose pasar por directivo sindical, en razón de lo cual, las ausencias a sus labores que antes estuvieron amparadas por las respectiva licencia sindical, quedaron totalmente injustificadas, al pretender disfrutar de una licencia sindical que ya no le correspondía y por ello a partir de la fecha de dicha Gaceta Electoral debió incorporarse a sus labores diarias ordinarias. Estima quien decide que la impugnación y desconocimiento del auto de formulación de cargos, la petición de revocatoria de todas las actuaciones cumplidas en el expediente disciplinario y el sobreseimiento de la averiguación disciplinaria,   no puede prosperar y  así se decide.
La funcionaria NORMA SALAZAR  COBOS, por medio de su apoderado constituido, en su escrito de descargo manifiesta “… si bien es cierto que mi representada resultó declarada inelegible, (lo que constituye una  admisión de los hechos) …” , faltándole agregar que su cargo de Tesorera también fue declarado vacante e incluso establecer que la decisión del CNE quedó firme por no interponerse contra ella el recurso contencioso electoral que la misma decisión indica, con lo cual se evidencia que ya no era directiva sindical y no podía hacer uso de licencia sindical alguna. Igualmente se manifiesta en el escrito de descargo que si existían las faltas debía existir las actas correspondientes que lo demuestren, pero es el caso que la referida ciudadana se suponía que estaba separada de sus labores en ejercicio de una licencia sindical. El hecho de que con motivo de las últimas diligencias para la firma del Convenio Colectivo, se realizara la petición por parte de la Inspectoría Nacional del Trabajo de la consignación por parte de SINTRADELI, del Acta de Proclamación del C.N.E., lo cual también solicitó la Institución y que nunca  pudieron consignar, fue lo que motivó que se solicitara directamente a la Consultoría Jurídica del Organismo Electoral, la situación de SINTRADELI, oportunidad en que se nos puso a la vista la Gaceta Electoral en cuestión,  cuyo contenido se nos ocultó tanto al INASS como al Ministerio del Poder Popular para Trabajo y la Procuraduría General de la República  en una actitud defraudatoria y engañosa, permaneciendo con posterioridad al 30 de noviembre de 2007, simulando ser Tesorera del Sindicato al igual que sus demás compañeros a que se refiere la Gaceta, cuando ya no lo eran y usurpando dicha condición ante el INASS para continuar de licencia sindical y percibiendo el Sindicato lo correspondiente a las Cláusula de la Convención Colectiva vigente. Es a partir de allí que la Institución decide tomarle las faltas como injustificadas y procede su superior inmediato a solicitar la averiguación administrativa disciplinaria. No puede alegar la encausada desconocimiento del contenido de la Gaceta Electoral, pues ellos tenían en curso un procedimiento  intentado por algunos miembros del mismo Sindicato y todo proceso culmina con una decisión que ellos como parte tenían la obligación de conocer, sin ni siquiera esperar su publicación en Gaceta Electoral.
 En lo referente a la causal de destitución distinguida como “Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos” dispuesta en la Ley del Estatuto de la Función Pública, tal y como lo sostiene la doctrina  administrativa calificada cuando se habla de abandono injustificado al trabajo, se debe referir a las inasistencias al sitio de trabajo durante una jornada laboral completa, y que además no exista un fundamento que legalmente justifique o permita la inasistencia, por cuanto, lo que se pretende es que los funcionarios públicos se encuentren presentes en sus puestos de trabajo para que cumplan cabalmente con sus funciones. Mal puede la encausada, funcionaria pública, cuyo régimen legal esta previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pretender derivar la interpretación del “abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles  dentro del lapso de treinta días continuos”  hacia la normativa laboral, dado que esta no le es aplicable.
Las copias certificadas producidas  relativas a los controles de asistencia, fueron acompañadas por la Directora de la Unidad, en su condición de superior inmediato de la encausada, a la solicitud de apertura del procedimiento administrativo disciplinario y que rielan del folio 02 al 136, ambos inclusive. Dicha prueba instrumental que es la forma de controlar la asistencia de los trabajadores de la Unidad, señala el nombre del funcionario, su código personal, su Cédula de Identidad, su hora de entrada y salida  en la jornada diaria y las cuales adminiculadas a la declaración de la  Jefa de Personal, Lic. Josefina Ríos, a solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos y que cursa al folio 139, en la que hace constar  que dichos controles se llenan diariamente y luego se llevan a la Oficina de Personal, constituyen un principio de prueba por escrito de que la falta de firma diaria de dicho control por parte de la funcionaria NORMA SALAZAR COBOS es demostrativa de que cada uno de esos días inasistió a sus labores en forma injustificada. Esta misma funcionaria declara que la funcionaria encausada labora en el área de Suministro de Medicamentos. Como se observa, contrariamente a lo que afirma el apoderado de la encausada de que la funcionaria  Directora no es su superior inmediato, pues su representada está adscrita a la Gerencia de Salud, se debe aclarar que ella si esta adscrita a la Unidad Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, pero por tratarse de una Unidad Asistencial, toda la Unidad está adscrita a la Gerencia de Salud y es por ello que los instrumentos promovidos en el capítulo sexto se refieren a la Gerencia de Salud, pero la funcionaria encausada es una funcionaria asistencial adscrita a la Unidad en cuestión, por ello no desvirtúan la afirmación hecha por la funcionaria instructora en el Acto de Formulación de Cargos. Así se declara.
       Así las cosas, quien decide considera que las planillas de Control de Asistencia, constituyen documentos administrativos, contentivos de toda la información de entrada y salida de los (as) funcionarios (as) del INASS, y que en consecuencia se encuentran dotados de una presunción de certeza y veracidad.
        En igual sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 01-885 de fecha 16 de mayo 2003, recaída en el caso Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez, dejó sentado:
“…Respecto de los mencionados documentos administrativos ha sido establecido que constituyen una tercera categoría de prueba instrumental, que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad” (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 00497 del 20 de mayo del 2004, caso: Alida Magali Sánchez). ..”
      Corrobora la conclusión precedente, la decisión dictada por la Sala Político-Administrativa Nº. 01257, publicada en fecha 12 de julio de 2007, recaída en el caso: Sociedad Mercantil Eco Chemical 2000, C.A., en la que se dispuso:
“(...) Delimitado lo anterior, no puede esta Sala pasar por alto que de acuerdo con la persona que incorpore algún acta al expediente administrativo, se pueden dar tres supuestos, a saber: i) Los documentos emanados de los funcionarios públicos sustanciadores del procedimiento administrativo, en ejercicio de sus atribuciones legales, los cuales constituirán documentos administrativos; ii) Los documentos emanados de los particulares interesados en el procedimiento y; iii) Los documentos emanados de terceros, distintos a las partes involucradas, entendiendo como partes a la autoridad administrativa sustanciadora del expediente y a los legítimos interesados en el procedimiento; tales como informes emanados de organismos públicos o privados necesarios para la resolución de la controversia, en los términos consagrados en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…”
En este mismo punto, cabe señalar que por efecto del principio de comunidad de la prueba, las instrumentales acreditadas en copia certificada, (que se corresponden, son semejantes, con los controles de asistencia llevados por esta Administración), por la funcionaria encausada que rielan a los folios 164 al 302, destinadas a demostrar su asistencia diaria a la sede del Sindicato establecen igualmente, que al estar en la sede del Sindicato no se encontraba presente en sus labores ordinarias y aunado al hecho de que por virtud del hecho público contenido en la Gaceta Electoral tantas veces citada, a la  funcionaria NORMA SALAZAR COBOS le fue declarada la vacante de su cargo  de TESORERA por haber sido declarada ineligible para ejercer dicho cargo en la directiva sindical, lo cual le hacer perder dicha condición y al no estar amparadas sus inasistencias por la licencia sindical, es preciso concluir que si estuvo inasistente en los días que se señalan en el acto de formulación de cargos y que constituyen la causal de destitución que se le imputa. Por este mismo motivo tampoco le prospera la inamovilidad por Fuero Sindical alegada. Así se decide.
Los recibos de pago que rielan a los folios 304 al 310, son demostrativos de que el Instituto cumplía de buena fe su obligación de pago y por ello no hacía ningún descuento por la inasistencia, en tanto que la funcionaria encausada, simulando una condición de Directivo Sindical de la cual había sido  privada por el Consejo Nacional Electoral, no cumplía su obligación de prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida, así como cumplir con el horario de trabajo establecido como lo señalan los ordinales  1º y 3º del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El pago de la prima sindical, tal como lo señala la encausada lejos de ser un reconocimiento a la condición de Directivo Sindical que no tiene, constituye un enriquecimiento sin causa, por lo que la referida ciudadana estaría obligada a reintegrar esos montos al Instituto, toda vez que a partir 30/11/2007, no tenía causa legal para percibirla. Igual situación en criterio de quien decide ocurre con los cesta ticket que acredita la encausada, para desvirtuar las inasistencias injustificadas, haber recibido según los comprobantes que cursan a los folios 311 y 312, los cuales se perciben por jornada diaria efectivamente laborada y en el caso de ella por la presunción existente de su condición de directivo sindical, por lo que las cesta ticket recibidas después de la Gaceta Electoral de fecha 30/11/2009, también quedarían sin causa legal para su pago y en consecuencia podrían constituir un enriquecimiento sin causa, teniendo la obligación de reintegrar, igualmente, los montos percibidos por este concepto. Así se decide.
Es importante destacar, que ningún funcionario (a) público (a) puede ausentarse de su puesto de trabajo, sin la existencia de un permiso, expresamente otorgado y cumpliendo con los formularios establecidos para ello. Para quien decide, ningún funcionario puede ausentarse de su puesto de   trabajo,  sin  la  existencia  de  un  permiso,  expresamente  otorgado  y cumpliendo con los formularios establecidos para ello, entendido éste, como la autorización que otorga la Administración a sus funcionarios para no concurrir a sus labores por causa justificada y por tiempo determinado, y así lo establece el artículo 49 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, aún vigente, el cual  además dispone, que dicho permiso debe ser presentado con suficiente anticipación, ante el superior inmediato, toda vez que éste debe a su vez, participar también por escrito, su decisión al interesado y a la Oficina de Personal, en concordancia con los artículos 53 y 54 de esa misma normativa, por consiguiente, y en relación con el presente caso, es relevante señalar, que no consta en el expediente disciplinario de la funcionaria encausada, el otorgamiento por parte de su jefe inmediato superior, de la autorización correspondiente, para que la funcionaria investigada pueda esgrimir la licencia sindical de la cual ya no disfrutaba como justificación de sus ausencias. En el presente caso, se observa que en el expediente sustanciado por la Gerencia de Recursos Humanos, la  funcionaria EJERCIÓ SU DERECHO A LA DEFENSA, pero los elementos probatorios aportados no desvirtúan las imputaciones realizadas por el órgano instructor, en cuanto a sus inasistencias durante más de tres (3) días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos. Igualmente, las pruebas aportadas no acreditan la permanencia de su condición de directivo sindical, ya que sólo  por vía de la licencia sindical podía tener justificadas las inasistencias que se le imputan como constitutivas de la causal de destitución contenida en el numeral 9 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.   Así se declara.
         En relación a la prueba testimonial promovida en  escrito que consignó en el último día del lapso probatorio sin solicitar previamente la prórroga de dicho lapso quien decide debe señalar que es doctrina reiterada de  nuestro Máximo Tribunal  en Sala Político Administrativa, refiriéndose al artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Sin embargo las prórrogas no pueden ser nunca acordadas sino cuando se las decreta antes de cumplirse el término que se trata de prorrogar, porque de otro modo se acordaría, no la prolongación de este, sino una reapertura del lapso cumplido. No obstante vale la pena advertir, que deben mediar circunstancias de hecho especiales o de fuerza mayor cuya prueba conste en autos, bastante para justificar la concesión de dichas prórrogas. (Sentencia Nº 00937 SPA de 4/7/2002. Expediente Nº 15.955)
       En el caso bajo análisis se observa que el escrito de pruebas contentivo de la petición de la prueba testimonial consignado el último día del lapso, constituye una pretensión de alargar el procedimiento breve previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública que señala un lapso único para promover y evacuar de 5 días hábiles, lapso que según lo establecido en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil es inabreviable e improrrogable salvo que haya mediado una solicitud de prórroga, circunstancia que no aparece acreditada en el expediente. De allí que la  funcionaria sustanciadora, procediendo como en Derecho corresponde, por auto de 4 de mayo de 2009 las haya declarado INADMISIBLES, criterio que este que es compartido por esta Máxima Autoridad y así se decide.
           Por lo que se refiere al alegato de violación del debido proceso se acoge quien decide a los criterios emitidos  por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la misma sentencia que cita el abogado apoderado de la encausado (TSJ/SC: Sentencia Nº 555 de 28 de marzo de 2007),  en donde establece:
“(…) Respecto del derecho al debido proceso, esta Sala ha establecido que “El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas...” (ver decisión del 24 de enero de 2001, Caso Supermercado Fátima S.R.L).
(…) Cabe destacar que la Ley del Estatuto de la Función Pública por disposición del artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece las normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios de la Administración Pública, y prevé el procedimiento disciplinario de destitución, aplicable al acto administrativo emanado del Ministro de Educación Superior mediante el cual se despide al ciudadano Adón Díaz, ya que se dicta en ejercicio de la potestad disciplinaria que afecta la esfera particular de un funcionario público, aun cuando el mismo goce de licencia sindical, porque dicha licencia no separa a la persona de su condición de funcionario público.”
       Según los criterios establecidos en esta sentencia, el procedimiento administrativo disciplinario de destitución previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública  que culmina con el acto de destitución en ejercicio de la potestad disciplinaria, es el aplicable a los funcionarios públicos independientemente de que gocen de licencia sindical (más aún en el caso bajo análisis donde está demostrado que la funcionaria encausada dejó de ser directivo sindical  según la Gaceta Electoral Nº 404 de 30/11/2007) y siendo que es el procedimiento a que se contraen las presentes actuaciones, el  alegato de violación al debido proceso no puede prosperar y así se decide.
      Respecto al alegato de que la funcionaria encausada estaba de vacaciones durante el período del 16/07/2008 al 20/08/2008, que demostró con la instrumental promovida marcada “A” de Autorización de Vacaciones, quien decide lo aprecia en todo su valor probatorio en consecuencia los días de inasistencia comprendidos en este período deberán tenerse como justificados. Así se declara
De lo antes expuesto, se evidencia que los hechos ocurridos se subsumen dentro de la causal de destitución prevista en el numeral 9 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, referida al abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos y resulta necesario concluir que se comprobaron las inasistencias de la funcionaria encausada a su lugar de trabajo, a excepción de los días 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14,15,18,19,20 de agosto (de conformidad con lo declarado precedentemente, pero si quedan injustificadas las inasistencias de los días 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de agosto; 1, 2,  12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,  15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, y 31 de octubre; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2008; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de enero de 2009, 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17 y 18 de febrero 2009, sin presentar ningún justificativo para ello.
En tal sentido, en opinión de quien decide, conforme a lo expuesto precedentemente y de acuerdo con la normativa legal vigente y la jurisprudencia patria, considera que la mencionada funcionaria abandonó su lugar de trabajo durante más de tres días en un lapso de treinta días continuos sin justificación alguna.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente desarrolladas, y en cumplimiento del procedimiento pautado en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es criterio  de esta Máxima Autoridad,  que la conducta asumida por la  funcionaria NORMA SALAZAR COBOS, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.058.031 , se subsume en la causal de destitución prevista en el artículo 86, numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, referida como “Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos (...)”; resultando en consecuencia PROCEDENTE la DESTITUCIÓN de la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS, ya identificada.  Así se decide.

III
D E C I S I Ó N

     Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta PRESIDENCIA de conformidad con la competencia atribuida en el artículo 73 numeral 9 de la Ley de Servicios Sociales, publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.270 de fecha 12 de septiembre de 2005, en concordancia con lo establecido en los Artículos 5 numeral 2 y 89 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y dentro del término de Ley, DECIDE:
PRIMERO: DESTITUIR a la ciudadana  NORMA SALAZAR COBOS titular de la cédula de identidad Nº V- 6.058.031, del cargo de Asistente de Farmacia I adscrita a la Unidad Gerontológica “Dr. Joaquín Quintero Quintero”, por estar incursa en la causal prevista  en el numeral 9 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
 SEGUNDO: NOTIFICAR del contenido del presente ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCION a la ciudadana NORMA SALAZAR COBOS titular de la cédula de identidad Nº V- 6.058.031,  e igualmente hacerle conocer que  el mismo agota la vía administrativa y en consecuencia , de considerar que la presente decisión lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos, podrá interponer contra la presente decisión  Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, a que se contrae el artículo 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ante los tribunales competentes en materia contencioso administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su notificación, en conformidad con lo previsto en el artículo 92 y 94 eiusdem.
TERCERO: NOTIFICAR y REMITIR la presente DECISIÓN a la Gerencia  de  Recursos Humanos del INASS para los trámites respectivos.
Notifíquese, (…omissis…)”

 
Así mismo, se le NOTIFICA que publicado el Cartel, se dejará constancia en el expediente y se tendrá por notificada a partir de dicha fecha, para que decurse el lapso de 3 meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública para interponer el recurso contencioso administrativo de nulidad ante los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial conforme al artículo 93 eiusdem, en el entendido que dicho acto agota la vía administrativa.



ISMENIA ANGELICA PACHECO HERNÀNDEZ
Presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales

Decreto Presidencial nº 5.848, de fecha 31 de enero de 2008
Gaceta Oficial de la R.B.V nº 38.862 de fecha 31 de enero de 2008
Última actualización el Lunes, 15 de Junio de 2009 09:18